Autodefensas: entre la negociación de la muerte y la gestión de la vida
Self-defense groups: between the negotiation of death and the management of life
Alfredo Villar1
Enseña por México, Ciudad de México, México.
1. Email: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5024-524X
Recibido: 31/05/2021 Aceptado: 23/09/2021
Cómo Citar: Villar, A. (2021). Autodefensas: entre la negociación de la muerte y la gestión de la vida. Dialektika: Revista de Investigación Filosófica Y Teoría Social, 3(8), 1-21. Recuperado a partir de https://journal.dialektika.org/ojs/index.php/logos/article/view/57
RESUMEN
Los cuerpos, a través de la vida, sus fuerzas y su administración han venido a ser el punto donde se articulan los ejercicios de poder en las sociedades contemporáneas. El caso límite es aquél donde en el proceso de producción se extingue el cuerpo mismo. Las condiciones de violencia tornan al cuerpo en mercancía, al cadáver en moneda y detonan procesos de subjetivación en los cuales la ciudadanía revindica para sí, mediante la fuerza, la posición de administrar justicia. ¿Cuál es el punto donde se origina esta subjetivación? ¿Qué hace a alguien militar en un grupo armado de autodefensa? Para señalar posibles rutas de respuesta a dichas interrogantes, en este texto elaboraremos la noción de vida y su articulaciones tanto bio como necropolíticas, para entonces problematizar las condiciones en que se deviene sujeto de derecho en las violentas condiciones de México, con base en lo que articularemos la sintomatología de un estado necropolítico, las virtualidades mundanas mostradas por los grupos de autodefensa y las gestiones biopolíticas movilizadas para capturar o desactivar tales virtualidades.
Palabras clave: biopolítica, necropolítica, autodefensas, violencia.
ABSTRACT
The bodies, through life, their forces and their administration have become the point where the exercises of power are articulated in contemporary societies. The limiting case is that where the body itself is extinguished in the production process. The conditions of violence turn the body into merchandise, the corpse into currency, and trigger processes of subjectivation in which citizens claim for themselves, through force, the position of administering justice. What is the point where this subjectivation originates? What does a person militate in an armed self-defense group? To point out possible response routes to these questions, we will elaborate the notion of life and its articulations both bio and necropolitical, by then problematize the conditions in which it becomes a subject of law in the violent conditions in Mexico, based on what we will articulate the symptoms of a necropolitical state, the mundane virtualities shown by self-defense groups and the biopolitical efforts mobilized to capture or deactivate such virtualities.
Keywords: biopolitics, necropolitics, self-defense, violence
Un pasaje de El Zarco presenta la siguiente situación: una familia, compuesta por tres mujeres, preocupada por el peligro que les representa la cercanía de un grupo de bandoleros asentados en las proximidades de Cuernavaca. La inquietud de la madre es que una de sus hijas, Manuela, por ser muy guapa, está en riesgo de ser robada, por lo que le presiona para casarse con el herrero local. Pero la hija responde “si el mismo dueño de la hacienda […] que es un señorón, no puede nada contra los plateados ¿qué había de poder el herrero, que es un pobre artesano?” (Altamirano, 2009, 15). Posicionarnos desde estos puntos donde aparece la desesperanza es nuestro punto de partida para reflexionar sobre la contingencia donde no queda alternativa más que levantarse en armas, apostando la vida en ello.
Entonces ¿qué entendemos por vida? Y ¿de dónde partimos para definirla? Giorgi y Rodríguez (2007) comentan que “No hay una descripción exhaustiva o final de la vida porque la totalidad de la vida, en tanto flujo de devenir y cambio, no está dada desde afuera o de antemano por una unidad de medida” (p. 23). Es decir, la vida sería esta facultad de los seres para convertirse en algo diferente de lo que son. Tales diferenciaciones han de pasar por el lenguaje, codificándose en tanto forma comprensible al interior de un sistema significante y en este punto, colocándose en riesgo al quedar accesible para la mirada calificadora: si el resultado de dirimir tal o cual forma de vida termina por categorizarle dentro de lo criminal, lo anormal, lo contranatural, lo impío, lo feo, lo erróneo, entonces esta diferencia puede ser blanco de la fuerza bruta, al amparo de la razón hegemónica. Lo que está en liza, paralelo a detentar el establecimiento de realidades, es articular la experiencia cotidiana -con sus pasiones, afectos, deseos, sensaciones, expectativas, historias- de manera comprensible para el grupo hablante inmediato, posibilitando así el tránsito a la acción. ¿Cómo se gestan estas articulaciones?
Noción de vida: virtualidad y error
Para Deleuze (2007) la vida es un campo de pura inmanencia, a-subjetivo, independiente de objetos concretos pero expresada a través de un sujeto que refiere a objetos: “La inmanencia absoluta es inmanente a ella misma: no es inmanente a algo ni de algo; no depende de un objeto ni pertenece a un sujeto” (p. 36), es un flujo continuo a través de sujetos, subjetividades y formas de seres, aprehensible en la relación trascendental entre una “conciencia”, o una subjetividad con facultades discursivas y una instancia objeto en tanto espécimen de vida. La vida de algo o de alguien es una acotación, un corte, pero no es la vida, sino solamente el caso concreto que tomamos para mostrar un ejemplar de lo viviente. En tanto pura inmanencia, la vida es inaprehensible por el lenguaje, deja siempre un residuo salvaje que se cuela por las rendijas de los aparatos gramaticales, semióticos o contextuales que le apliquemos. En este sentido “una vida sólo contiene entidades virtuales. [...] Lo que se denomina virtual no es algo que carece de realidad sino que, siguiendo el plan que le da su propia realidad, se compromete en un proceso de actualización” (p. 40), a través de acontecimientos determinados empíricamente por la materialidad singular en el curso particular de su devenir. Es esta virtualidad lo que dota de una cualidad dinámica a la vida: potencia de ser algo diferente, de arribar a un estado de cosas distinto. No es un atributo del sujeto, sino un plano de virtualidad: más que referirse a lo que actualmente “es”, la vida refiere al conjunto de variaciones posibles, diferencias proliferantes, desvíos potenciales que puede tomar el ser en el curso de su devenir.
Foucault, por su parte, comentando la labor de Canguilhem, menciona que este permitió dilucidar una paradoja en la historia de las ciencias de la vida: se constituyeron explicando los mecanismos fisicoquímicos que rigen el cuerpo pero, a la par, se desarrollaron en la medida en que plantearon el papel de la enfermedad como indicador tanto de problemas a resolver (inherentes a la vida sin originarse en otro ámbito de la realidad) como de reducciones a evitar (enfatizar la adaptación, reproducción, conservación, regulación, etc.). Esta dimensión toral de la excepción para comprender el objeto de estudio, tan característica en el pensamiento contemporáneo, tiene por lo menos un par de consecuencias relevantes:
1. Epistemológicamente, la característica de formar conceptos para el viviente humano consiste en ser un tipo de vida capaz de conocer la vida misma, lo cual le dota de un carácter inusual entre los organismos vivos: puede formar un “modo de vivir en relativa movilidad” (Foucault, 2007, p. 55), informándose de y formando al medio en que existe. Asimismo, las formulaciones conceptuales acopladas en el ambiente son susceptibles de ser informadas por los habitantes, con lo que el estatuto de lo verdadero, desde esta perspectiva, no es un signo incrustado desde el principio de los tiempos en la naturaleza, pacientemente esperando a ser develado por los procedimientos correctos, sino un arreglo contingente resultado de “procesos de eliminación y selección de enunciados, teorías y objetos en función de cierta norma que no puede identificarse con una estructura teórica o con un paradigma actual, porque la verdad científica de hoy sólo es un episodio, a lo sumo provisorio” (Foucault, 2007, p. 51).
2. Moralmente, da un papel protagónico a la noción de error dentro de los problemas acerca de la vida: ésta sería aquello capaz de errar, pues “Si la historia de la ciencia es discontinua; es decir, si sólo puede analizársela como una serie de «correcciones», como una nueva distribución que nunca expone definitivamente el momento culminante de la verdad, es porque el «error» todavía constituye no el olvido o la postergación de una realización prometida, sino una dimensión propia de la vida de los hombres, indispensable para la temporalidad de la especie”(Foucault, 2007, p. 56).
La consecuencia epistemológica, como posibilidad de formar conceptos y ordenarlos en saberes, adquiere el cariz de ser en potencia el brazo armado de la moral. El mismo Foucault tiene guiños en este sentido desde sus obras iniciales, cuando indica que “La locura no tiene tanto que ver con la verdad y con el mundo, como con el hombre y con la verdad de sí mismo, que él sabe percibir” (Foucault, 2016, p. 47), refiriéndose a la representación lírica de los locos, que abarcaba un amplio abanico de faltas y defectos en el orden de lo moral: adúlteros, maliterpretadores de escrituras, avaros, borrachos, iracundos, en fin, todo aquél que opta por hacer el mal, a sabiendas de las implicaciones que tiene su conducta. Esta hipótesis impregnaría la intimidad humana cuando se colase en el terreno de la sexualidad durante la época moderna, la cual “a partir del clasicismo, establece una opción diferente: el amor de la razón y el de la sinrazón. La homosexualidad pertenece al segundo. Y así, poco a poco, ocupa un lugar entre las estratificaciones de la locura” (Foucault, 2016, p. 142). La homosexualidad codificada como separarse voluntariamente del buen camino encarna la concepción anfibológica donde el “error” justifica la rapacidad al adjudicar al sujeto responsabilidad sobre sus propias condiciones desfavorables.
Así, aquello que no se repite ni se ajusta a una norma homogénea de representación queda arrojado dentro del campo de las diferencias inhumanas, organizando a partir de un poder diferenciador que cualifica la vida, decidiendo cuáles merecen ser vividas y qué muertes no valen la pena contarse. Esto tiene efectos delicados cuando los discursos de verdad configuran ciertos cuerpos (o grupos de cuerpos) como residuales, desechables, sobrantes o marginales (desempleados, migrantes, enfermos mentales, campesinos, gays, mujeres, infantes, etc,), pues los deja a merced de ser eliminados sin ritualidad ni amparo jurídico, en una zona difusa donde se experimenta la capacidad de los dispositivos para cortar con el flujo de vida, o para reducir los estados virtuales de tales cuerpos a una abyecta extracción de fuerzas.
Devenir sujetos de derecho: de monstruos y endriagos
Las instancias opresoras elaboran continuamente un discurso que legitima su situación privilegiada, sea a través de la mitología, la religión, las instituciones de gobierno, las leyes o la ciencia. A este conjunto de dispositivos, Negri (2007) lo denomina “lógica eugenésica”, entendiéndola como aquella modalidad de organizar un discurso que goce de aceptación por proximidad con los formatos de lo bello socialmente vigentes. Estos coinciden con los usos, modos y maneras de las clases dominantes, es oposición con las formas monstruosas de las clases oprimidas, que resultan incomprensibles desde el marco de la lógica eugenésica. Dadas estas coordenadas, el modo para que las clases subalternas, excluidas del uso del mando, accedan a posiciones desde donde puedan incidir sobre sus condiciones existenciales, es transitar desde la instancia monstruosa hacia la bella.
En este trayecto el trabajador sometido a la explotación, “no sólo se reconoce abstractamente como mercancía, sino que se ve concretamente como partícipe monstruoso de la clase de los pobres, y entonces comprende que debe resistir y, si puede, rebelarse” (Negri, 2007, p. 101). La rebelión requiere de sujetos que se reconocen como parte de una misma circunstancia, señalando al circuito de producción como enemigo para devenir potencia en su contra.
En el curso de la historia, en la medida en que los sujetos oprimidos han llegado a identificarse como materia prima de un estrato constitutivo del mismo ejercicio de poder, han pasado, colectivamente, desde el “afuera” hacia el “adentro” mandatarios. Cuando esta metamorfosis se opera, las categorías de la ontología dominante quedan incapacitadas para comprender las pautas mediante las que funciona la resistencia y seguir tildándola como monstruosa, pues ha devenido legítima, bella y buena. La limitante que encontramos es que para dejar de ser trabajadores monstruosos, generar agenciamiento y conducir bellamente el conflicto, se precisa de una articulación narrativa sobre las decisiones operadas en una trama legible, internamente consistente, protensiva hacia el futuro, que además comparta el código del discurso hegemónico (léxico legal, por ejemplo). Si las condiciones de ejercicio verbal no están garantizadas, si los sujetos oprimidos no saben leer o escribir o si no pueden acceder a educación superior, el devenir bello es virtualmente inaccesible. Entonces los modos de subsistir, resistir y existir siguen derroteros distintos.
Actualmente no existen –legalmente– esclavos ni siervos, pero en su lugar existen perdedores: ubicados en una lógica de competición dentro de la cual nunca tuvieron oportunidad de intervenir para situarse en un mejor lugar. Y, cuando las derrotas se acumulan, estos sujetos ponen violentamente en tela de juicio las reglas de la competencia misma. El resultado varía según el grado de desarrollo social: para un ambiente democrático, se puede instaurar un Estado policial, pero en una situación donde la democracia no esté garantizada, o bien donde la misma pueda juzgarse como fracasada, lo que surge es una guerra civil en la que “ejércitos compuestos por violentos se diezman mutuamente” (Sloterdijk, 2017, p.54).
Al conjunto de técnicas predatorias que encarnan la mercancía en el cuerpo y la vida les llamamos necromercado: un sistema de intercambios económicos donde destruir los cuerpos se convierte en la mercancía y la acumulación de productos se contabiliza en el número de muertos. Denominamos necroempoderamiento a los “procesos que transforman contextos y/o situaciones de vulnerabilidad y/o subalternidad en posibilidad de acción y autopoder, pero que los reconfiguran desde prácticas distópicas y autoafirmación perversa lograda por medio de prácticas violentas” (Valencia, 2010, p. 206n). Y al conjunto de individuos esclavizados no oficialmente, constantemente derrotados, violentamente orillados hacia los márgenes, sin posibilidad virtual de situarse en un punto diferente, los consideramos endriagos, es decir configuraciones subjetivas que pretenden instaurarse como posibilidades de pertenencia y ascenso social, o bien “sujetos ultraviolentos y demoledores” (Valencia, 2010, p. 90) del modo productivo gore.
Hay una parcial coincidencia con la noción de monstruosidad que maneja Negri, en tanto búsqueda de instalarse dentro el circuito aceptable/deseable del mundo. La diferencia radica en que el monstruo surge como un proceso de metamorfosear las demandas negativas -no reconocidas en el discurso oficial- de los subalternos en enunciados positivas -explícitos del discurso hegemónico-; mientras que la subjetividad endriaga, cínicamente, ejerce la violencia para producir necro-mercancias: exhibe el revés perverso de las lógicas económicas que vertebran el orden neoliberal. El paso de una a otra, según Valencia (2010), varía en función del grado de centralidad que tengan los sujetos: un varón blanco tiene mayor posibilidad de operar en el marco legal, “monstruoso” pero usando los aparatos institucionales, mientras que un sujeto periférico (mujeres, etnias originarias, sexualidades divergentes, etc.) no tendrá la opción de hacerse escuchar por las instancias estatales y, en muchas ocasione, habrá de remitirse a la subjetivación endriaga para hacerse escuchar. Esta posición es interesante, puesto que mientras emplea los modos de relación vigentes y aceptados (mercados negros, muerte, violencia, destrucción de bienes, etc.), lo hace empleando un discurso desligado de lo oficial, gesto que devela una anfibología en la función de las instituciones. Valencia más adelante declara que “si se analiza a los sujetos endriagos de la economía criminal, bajo las reglas del mercado y no de la espectacularización a la que los someten los medios de información, éstos serían [...] legítimos emprendedores que fortifican los pilares de la economía” (Valencia, 2010, p. 45). El que sean analizados por los medios de información indica que los criterios de valoración no son elegidos por ellos, sino por quienes pueden incidir en la opinión pública, confirmando la posición de perdedores (o subalternidad/desventaja) jerárquica en que se encuentran.
Lo que motiva a los sujetos proletarios para adscribirse a los modos de vida endriagos es, en un primer momento, la abismal separación entre los estilos de vida y de consumo presentados como “deseables” y la imposibilidad de llevarlos a cabo. Una lógica de la frustración se extiende a todo lo largo de la vida en las clases bajas: precariedad laboral que dificulta ejercer el rol de proveedor, pero también presenta un modo de consumo inaccesible como aquél “digno” de ser vivido. Así, para no sentirse “heridos en su dignidad” (Lipovetsky en Valencia, 2010, p. 92), habitando la contradicción entre vivir precariamente un contexto que les demanda consumir establemente, surge un flujo de emociones de frustración y exclusión, cuyo modo de superación más accesible muchas veces son actividades delictivas. Así quienes no cuentan con el amparo económico, pueden acceder a él en tanto mercaderes de violencia: servicios de seguridad privada, distribución de drogas, prostitución, secuestros, extorsiones, asesinato por encargo (Valencia, 2010). Además “el delito, aparte de generar rentas alternativas, supone un medio para la expresión del descontento” (Resa en Valencia, 200, p.109), entendiendo que elegir la ruta criminal sirve como un diagnóstico de malestar social, y puesto que la organización criminal funciona estructuralmente del mismo modo que las empresas legales (jerarquías, requisito de capital para iniciarla, roles operativos diferenciados de roles administrativos, etc.), aquéllos que se alistan en la base de la producción de violencia, motivados por la supervivencia económica, el deseo de movilidad social y la búsqueda de legitimidad a través del consumo que el dinero posibilita, conforman un proletariado descontento con el panorama que Valencia (2010) menciona como sigue:
Las exigencias que este sistema [liberalista] impone sobre el individuo al responsabilizarlo de sí mismo, volviendo social e intersubjetiva y, de alguna forma, privada, la negociación de sus relaciones económicas, no considera a aquellos sujetos que carecen de potestad para negociar desde una posición que no les ponga en desventaja (p. 29).
La forma de negociación con la muerte de que disponen, va en el sentido de enarbolar un culto a la misma como esfuerzo discursivo por cambiar el lugar que ésta ocupa en el contexto y colocando a la fe como elemento medular, ya que muchas veces el formato religioso es la única forma de discurso con que los sujetos endriagos están familiarizados, la única mediante la cual pueden articularse (Valencia, 2010, p. 142).
El papel destacado que juega el ejercicio de violencia como señal de poder viene anclado con la noción de soberanía, que “consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder” (Mbembe, 2011, p. 20-21) o bien el “derecho de matar” que constituye la forma de funcionamiento de los Estados modernos. Tal modo de gobierno y de legitimación se apoya en la percepción de estados excepcionales, situaciones que requieren acción urgente y potenciales enemistades, pero también, de modo incluso más relevante, en producir activamente y de manera constante esas excepciones, urgencias y enemistades.
“La percepción de la existencia del Otro como un atentado a mi propia vida, como una amenaza mortal o un peligro absoluto cuya eliminación biofísica reforzaría mi potencial de vida y de seguridad” (Mbembe, 2011, p. 24) vertebra los imaginarios soberanos aun cuando éstos no se originen en las instituciones estatales. En la teorización del terror durante la Revolución francesa -amalgama de razón estatal con procedimientos de producción de cadáveres- se comprende lo político como una fuerza de la razón que pretende crear espacios donde la posibilidad de error (desertores, contrarrevolucionarios) se minimizara a costa de reforzar la verdad y eliminar a los enemigos (Mbembe, 2011, p. 28). Recordemos el rol medular asignado a la noción de error como gradiente moral para determinar cuáles cuerpos habrían de ser encerrados, disciplinados o eliminados: estar en abierta oposición al régimen vigente queda codificado como una desviación que amerita despojar de garantías civiles, pues la divergencia constituye un riesgo superable mediante la eliminación del detractor. Esta noción implica concebir la pluralidad humana como obstáculo para la realización de un determinado fin histórico, donde el asesinato adquiere a función de medio para realizar el telos de la historia (Mbembe, 2011, p. 31).
Mbembe (2011) señala las plantaciones y la esclavitud como escenarios donde el poder soberano de otorgar la muerte se ejerció con distintiva crueldad, pero no por ello exento de ciertas reglas: las violencias destructoras fueron toleradas siempre que se operaron de acuerdo con 1] las “maneras” -prácticas bellas-: formas institucionales asimétricas (libertad de matar para comandantes militares, permisos oficiales, empleo de vehículos, acceso a recursos, uso de fuerza pública, etc.) a las que los ciudadanos no pueden ejercer, por lo que su ejercicio de la violencia, al operar por fuera del aparato estatal queda desprovisto de una racionalidad justificadora; y 2] dentro de espacios codificados a tal fin: la ciudad subalterna, donde habitan personas de mala fama, que nacen cualquier manera y mueren de cualquier causa.
En la era de movilidad global “las operaciones militares y el ejercicio del derecho de matar ya no son monopolio único de los Estados” (Mbembe, 2011, p. 56), por lo que se complica afirmar una superioridad política local y en su lugar tenemos un tejido social en retazos que se decide por medio de derechos gubernamentales, instancias jurídicas, fidelidades, soberanías, enclaves y autoridades locales. En este contexto, la violencia produce su necromercado: armas, milicias, seguridad privada, guerrillas. Las relaciones identitarias se desdibujan, pues en la práctica tanto las fuerzas estatales como los grupos disidentes se comportan del mismo modo. Incluso, como Valencia (2010) indica:
[…] los especialistas en la violencia se organizan en unas fronteras difusas donde no es del todo posible separar sus técnicas de las de las fuerzas de seguridad pertenecientes a los gobiernos. De hecho, es bien sabido que «los especialistas en infringir daños físicos (como, por ejemplo, policías, soldados, guardias, sicarios y bandas) juegan un papel significativo en la violencia colectiva [y muchos de ellos se encuentran o encontraron emparentados con el Estado]» (p. 46).
Así pues, los objetivos de ambos tipos de grupos también coinciden: para sostener la empresa hace falta trazar redes comerciales basadas en actividades económicas que aporten un flujo constante de capital a la organización, en primer lugar relacionadas con la producción de bienes y la extracción de recursos, con lo que el control de los espacios donde se llevan a cabo estas actividades se convierte en un campo privilegiado para la guerra y la muerte. Al escenario en que las actividades gubernamentales quedan delegadas en cuerpos armados, Estévez (2017) le llama guerra “por la gubernamentalización necropolitica del Estado” (p. 72). Consisten, precisamente en
La delegación de autoridades estales a bandas criminales, de las técnicas de dominación de la población para actuar sobre sus acciones a través de prácticas que producen muerte (asesinato, tortura, persecución, tráfico de personas, trata sexual). La gubernamentalización necropolítica del Estado usa discursos políticos como la guerra contra el narcotráfico o la crisis de inseguridad como dispositivos de regulación de la muerte; la securitización del espacio público como su estrategia central (p. 80).
Este estilo de guerra moviliza la competencia entre bandas criminales por servir como gobierno indirecto del Estado, o bien, por entrelazar sus actividades criminales con el entramado institucional oficial. Lo que está en disputa es el trato preferencial del Estado garantizado mediante asociación. Para tal efecto, Estévez (2017) menciona que los enfrentamientos tienen ciertas características:
1) Invisibilización de violaciones a derechos humanos. La interpretación jurídica del derecho humano se refiere a una postura en donde los atentados han de ocurrir en el campo de lo público, regido por el Estado. Como las actividades criminales son extra-estatales, no constituyen parte del ámbito del derecho, invisibilizando así las violaciones cometidas. Y es necesario que así sea para mantener la lógica de que se trata de un caso excepcional, una circunstancia de emergencia que justifique el ejercicio excesivo de fuerza pública. Asimismo, la impunidad adquirida por grupos criminales al infiltrarse en instituciones gubernamentales (o al capturarlas, en todo caso) les permite ejercer una soberanía equiparable al estado. Uno de estos territorios/enclaves es la zona conocida como Tierra Caliente.
2) Agencia de sujetos endriagos. Operan en todo lo ancho del espectro legal: desde los campesinos reclutados por el narco, los sicarios, distribuidores de mercancía, pero también agentes de policía o del ejército, jueces, ministros, mandos, etc.
3) Desaparición, masacre y feminicidio como dispositivos necropolíticos. La desaparición forzada, en el marco del derecho humano, consiste en una detención extrajudicial realizada por agentes del Estado, que prescribe hasta que la persona sea hallada. Lo complicado de aplicar esta definición es que requiere de una participación explícita, obvia y directa, la cual no siempre es fácil de delinear. Masacre y feminicidio con técnicas efectistas: a los cuerpos que no “sirven” para integrarse en los circuitos de producción se les asigna una función espectacular al ser exhibidos como cadáveres.
La imbricación entre estos tres elementos permite eliminar cuerpos, incluso utilizarlos como sacrificio para impulsar agendas políticas: son la mercancía con la que una instancia demuestra efectivamente que ejerce el control de una plaza: la cantidad de cadáveres que puede producir indica la realidad con que se administra la asignación de la muerte. Cada grupo armado es una máquina nómada de guerra: no cuentan con una adscripción regular, tanto pueden estar aliados con las fuerzas de la policía municipal como pueden combatirla; buscan hacerse con el control de territorios vinculados a actividades económicas, pero no se circunscriben a habitar de manera exclusiva sobre estos lugares; reclutan por proximidad, por conveniencia, por coacción, sin recurrir a procesos burocratizados. Sigue Mbembe (2011):
Cada vez más a menudo, la guerra no tiene lugar entre los ejércitos de dos Estados soberanos, sino entre grupos armados que actúan bajo la mascara del Estado, contra grupos armados sin Estado pero que controlan territorios bien delimitados; ambos bandos tienen como principal objetivo la población civil, que no está armada ni organizada en milicias. En el caso en el que los disidentes armados no se hagan con el poder del Estado de forma completa, provocan particiones nacionales y consiguen controlar regiones enteras, administradas bajo el modelo del feudo, especialmente cerca de los yacimientos de minerales (p. 64).
El modelo criminal corre parejo con el modelo empresarial, cuando un cartel domina cierto territorio, expande sus actividades, abarcando tanto el necromercado (secuestros, extorsiones, violaciones, etc.) como las actividades económicas oficiales: minería, tala de maderas preciosas, exportaciones, cultivos, ganadería. Los participantes quedan integrados en una estructura vertical que bien puede acoplarse a un organigrama gerencial: hay dueños, encargados de logística, negociantes, vendedores, operadores de transporte. Incluso, comenta Valencia (2010) respecto de esta amalgama:
En México el narcotráfico y la criminalidad en general desempeñan más de un rol que beneficia al Estado. Ya que, por un lado, representan una parte elevada del PIB del país y, por otro lado, el Estado se beneficia del temor infundido en la población civil por las organizaciones criminales, aprovechando la efectividad del miedo para declarar al país en estado de excepción, justificando de esta manera la vulneración de los derechos y la implantación de medidas autoritarias y de vigilancia cada vez más invasivas. También, a través de la declaración del país en estado de excepción se justifica el desmantelamiento del Estado del bienestar (p. 37).
En las guerras de gubernamentalidad necropolítica, cada enemigo masacrado aumenta el sentimiento de seguridad del superviviente, sea éste un civil, un sicario, un policía... En el mismo gesto, conforme el estado de excepción tras eliminar a un enemigo no se suspende sino que se reanuda constantemente ya que los enfrentamientos no operan entre dos facciones bien delimitadas sino entre oleadas dispersas de combatientes, el fin de un combate es el intervalo de espera que presagia, en cualquier momento, el inicio del siguiente. Ante esta circunstancia de vida en dolor, la muerte se perfila como una posibilidad de liberarse definitivamente del terror y la servidumbre (Mbembe, 2011). Trazar el límite sobre la propia vida emerge en tanto acto deliberado para afirmar el único rescoldo de libertad disponible.
Como efecto de este entramado entre el aparato institucional del Estado y el gobierno indirecto del crimen organizado, “la necropolítica detenta un carácter múltiple, ya que es igualmente ejercida por los actores ilegítimos como por los actores legítimos de la biopolítica” (Valencia, 2010, p. 145). La policía opera de la misma manera que el crimen, con la diferencia de que una tiene la autorización del Estado. Pero en los tratamientos o experiencias con ambos aparecen los mismos elementos regulares: empleo de armas, insultos, humillación, despojo de bienes materiales. Son reversos de la misma moneda, si bien una institución constituye el polo opuesto de la otra en términos jurídicos, ambas responden a las mismas lógicas de ejercicio de poder, precisamente porque son servicios en el mimo mercado de la muerte, donde la línea de la legalidad no marca diferencias relevantes, sino que torna confuso detectara lo responsables directos. Una cifra que menciona Estévez (2017) es que muchas mujeres que migran a Estados Unidos argumentan que la violencia entre bandas les afecta en la medida en que no pueden realizar sus labores cotidianas, sus familiares son “amenazados, secuestrados, extorsionados o asesinados,”, y en muchas ocasiones los perpetradores son las autoridades mismas. En el estado de excepción todos son enemigos, uno como ciudadano está desprotegido, no solo porque el Estado esté ausente o fallido, sino porque el modo de mostrar soberanía es produciendo cadáveres.
Otro evento que acentúa las críticas condiciones de existencia es que, de nuevo con Valencia (2010):
Las concesiones de la antigua mafia hacia el respeto a la vida de las mujeres y los niñxs de los adversarios deviene una traba en la carrera de la competencia. La intimidación y las advertencias no resultan suficientes, se consideran nociones vetustas, órdenes ineficaces. Por ello, para la nueva mafia no hay más límites que los que imponga la ley de la oferta y la demanda (p. 101).
Hay un dejo melancólico en el señalamiento de que la empresa necropolítica, al integrarse en gran medida por miembros de la misma comunidad proletaria como intento de empoderarse, mantenía ciertas líneas éticas: respeto a los cuerpos vulnerables (González, 2016), garantizar seguridad o protección para el poblado, atender las necesidades locales como edificar hospitales, iglesias, caminos, escuelas, etc. Actividades que otrora concedieron legitimidad a la empresa necropolítica, relatando incluso su mayor efectividad sobre el gobierno oficial (Fuentes-Diaz, 2015). Esta ética se ha visto mermada en los últimos años, como movimiento de la empresa necropolítica para mantener el rendimiento de sus ganancias ante la afrenta que el ejecutivo federal emprendió desde el 2006.
Sintomatología del Estado necropolítico: autodefensas y subsidiarias.
1. Civiles estatalmente desprotegidos
Hay un común acuerdo en lo relativo a que la violencia escaló en México a raíz de la estrategia impulsada durante la administración del presidente Felipe Calderón, en un ardid por compensar en las calles (y en las fosas) la dudosa legitimidad lograda en las urnas. La hipótesis con que opera Valencia (2010) es que la parafernalia de la lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno obedece a las lógicas de un proyecto de eugenesia cruenta en la que se busca escarmentar a la población civil y recuperar el estatus honorable del Estado, más que un proyecto de protección y garantía de los derechos civiles y humanos se trata de castigar al pueblo que se atrevió a dudar de la transparencia electoral con que el partido logró la presidencia.
Aguilar y Castañeda (2012) insisten repetidamente en que “los argumentos utilizados por el presidente Felipe Calderón para justificar la guerra en contra del narcotráfico no se sostenían” ni entonces ni ahora, pues la cruzada pretendió hacerse con la legitimación política que las urnas no le garantizaron. También mencionan que ninguno de los países consumidores, y particularmente “nuestro vecino del norte, no se han planteado la necesidad de una guerra como la que él [Calderón] propuso, y no están dispuestos, bajo ningún precio, a emprenderla”. Ardid de voluntaria ingenuidad, pues el modelo de la guerra contra el narco, tal cual promulgada por Calderón, es un calco de las estrategias nixonianas para encarcelar o asesinar selectivamente a ciertos sectores poblacionales. Literalmente, Nixon empleó frases como “si hay un área donde la palabra guerra es apropiada, es en la lucha contra el crimen”, “necesitamos una guerra total en los Estados Unidos contra los males que vemos en nuestras ciudades”, “Debemos dar lugar a lo que he llamado una «guerra total » contra el enemigo número uno de Estados unidos: las drogas ilegales”, etc. (Nixon en DuVernay, 2016), en las cuales, las palabras “crimen”, “males” o incluso “drogas” constituyen una sutileza política que se empleaba como eufemismo para designar a los movimientos de derechos civiles – afroamericanos, antiguerra, derechos de la comunidad gay– de la época (Kilgore en DuVernay, 2016). El resultado fue asociar el movimiento hippie con consumo de marihuana y a los activistas afroamericanos con el consumo de heroína para así criminalizarlos, encarcelarlos y ejercer fuerza pública como desmovilización: elección de la necropolítica por sobre la biopolítica. Más adelante Aguilar y Castañeda (2012) señalan que el ingreso obtenido mediante la venta de droga en territorio mexicano es “muy menor para el tamaño de la economía mexicana, pero sobre todo para haber desatado una guerra que ha costado 69 mil muertos. No existe ningún indicador de que, como resultado de ésta, se haya reducido la producción de mariguana, heroína y anfetaminas.” La justificación estadística es insostenible, pero, para fines efectistas y de imposición espectacular, desplegar la fuerza pública sí resultó eficiente: demostró que la posición soberana estaba detentada por el PAN mediante el otorgamiento de la muerte a 69 mil cuerpos.
Tal estrategia de “combate” al narcotráfico provocó un cambio cualitativo en la inseguridad. Como menciona el semanario The Economist en su edición de mayo del 2017 (Crime’s new geography, 2017), la eliminación exitosa de los líderes de los cárteles, más que desaparecer a los grupos, generó que los subalternos disputaran entre sí por hacerse con el dominio vacante o bien formasen sus propios grupos, guiando a un violento reordenamiento de las jerarquías en el crimen organizado, muchas veces ignorando lo criterios éticos que pudieron regir al “señor” (Fuentes y Paleta, 2015) e incluso multiplicando la impunidad al aumentar las violaciones al derecho humano cometidas por el ejército (Vite, 2019).
En la siguiente administración, la táctica gubernamental no mostró cambios significativos, por tanto que el gobierno de Peña confió el uso de la fuerza para recuperar el territorio, pues para ejercer gubernamentalidad necesita el apoyo del pueblo y eso “parece resultarle incómodo” (Guerra, 2015, p.10). Ante esta luz, el comentario sobre la recién creada Guardia Nacional fue que ésta habría de “enfrentar a las bandas criminales que ponen en entredicho el estado de derecho.” (Gil, 2019) Nos permitimos dudar del grado en que el estado de derecho contempla la ciudadanía como mercancías en los circuitos de intercambio necrótico.
El cobro de renta a los pobladores a cambio de protección de los otros grupos en conflicto era una actividad usual, pero “inofensiva”, en tanto que no interfería con las labores productivas campesinas, pero la ocasional merma generada por la “guerra contra el narco” orientó a los grupos criminales a diversificar sus actividades para mantener cierto margen de ganancia, incorporando actividades como extorsión, explotación ilegal de minerales, tala clandestina de maderas preciosas e importación ilegal de artículos chinos, cobros por productos de canasta básica, por metros de fachada, por ingresar a las escuelas, etc. (Fuentes y Paleta, 2015). Respecto a las empresas, en el rubro de exportaciones de frutillas, el impuesto que el cartel templario cobraba correspondía a cierta cantidad para las empacadoras extranjeras, que descontaban esa cifra del pago a productores, quienes a su vez descontaban lo proporcional a los jornaleros. (Fuentes-Diaz, 2015).
2. Auge de dispositivos necropolíticos
Para el caso de Michoacán, tratamos de un estado con abundante producción agropecuaria –mucha de la cual se destina a importaciones– pese a lo cual se mantiene en condiciones de marginalidad, pobreza, desigual acceso a recursos e infraestructura, migración, etc. En ese sentido, el ingreso en la economía ilegal que acompañó a los procesos de industrialización desde 1970 tuvo un sesgo de empoderamiento a través de vías alternas. En palabras de los habitantes de Tierra Caliente, hay una diferencia entre el “mafioso” o “señor que manda”, es decir, el empresario de negocios ilegales que da trabajo a la comunidad, y el “templario”, quien abusa violentamente de la población. (Fuentes y Paleta, 2015). En esta entidad, para junio de 2019, las cifras oficiales indican 84 asesinatos diarios, siendo el sitio paradigmático donde se le declaró la guerra al narcotráfico en el 2006, sin mucho éxito como antes expusimos (Gil, 2019).
Diversos autores (Fuentes y Paleta, 2015; Guerra, 2015; Fuentes-Diaz, 2015; Vite, 2019) coinciden en que fueron los agravios lo que movilizó a los pobladores para organizarse en autodefensas, así como la indefensión en que el gobierno les dejaba: asesinatos, secuestros, atropellos sobre la población, extorsiones, cobros por habitar en la propia casa, tasas por trabajar el campo, impuestos sobre la producción de cultivos o ganado, humillaciones, acoso, violaciones a mujeres y niñas. Incluso mencionan que si los Templarios no se hubieran excedido con el cobro de cuotas y no hubieran abusado de las familias -sobre todo hijas y esposas-, posiblemente los grupos de autodefensa no se habrían levantado. Estos gestos rompieron el equilibrio de intereses mutuos entre la empresa criminal y la comunidad donde operan o reclutan miembros.
Emergencia de la protección a sujetos vulnerables como límites infranqueables de la ética criminal, particularmente en lo respectivo a los cuerpos femeninos. Se aprecia una matriz de género en el funcionamiento del necromercado: menciona Estévez (2017) que entre 2011 y 2015, 7,185 mujeres habían sido reportadas como desaparecidas, la mitad de ellas menores de 18 años, cifra que coincide con la edad de mujeres desplazadas por violencia y trata sexual. Es decir, la presencia de mujeres en el necromercado es en tanto mercancías o servicios, no como endriagas empresarias o especialistas de la muerte. Los cuerpos femeninos aparecen en la zona extrajudicial despojadas de humanidad, pero no como resultado de una desviación voluntaria hacia el mal, sino a través de las operaciones que las empresas de muerte efectúan respecto de sus cuerpos, sus fuerzas, sus funciones.
Las mujeres migran en tanto solicitante de asilo político huyendo por violencia intrafamiliar y sexual doméstica, la mayor parte de las veces perpetrada por la pareja, que suele formar parte de agencias estatales que trabajan para los cárteles o que son protegidos por las instituciones sistemáticamente misóginas (Estévez, 2017). En el límite, el agresor que forma parte del cuerpo policial participa “en la recaudación de pruebas, en la cadena de custodia y en la protección de evidencia de la escena del crimen” (Linares, 2019) logrando hacer pasar un feminicidio por suicidio. La teorización acerca del devenir monstruosos del sujeto endriago, su posibilidad de articular el necroepoderamiento en discurso, incluye un vector de género.
3. Expansión de la empresa necropolítica
El caso de Michoacán es ejemplar para mostrar el grado de entrelazamiento entre los grupos criminales y el favor del gobierno estatal. El entonces gobernador del estado aparece en fotos donde negociando con el líder del cartel Caballeros Templarios, quienes se apropiaron de toda actividad económica posible: aserraderos, cultivos, ganadería, mineras, empacadoras, etc. (Guerra, 2015; Vite, 2019).
En palabras de Guerra (2015), en Tepalcatepec el cártel abarcó todo el espectro social:
Corrompieron el ámbito judicial, jueces, abogados y ministerios públicos; [...], compraron desde el encargado de la colonia hasta el encargado del ejido, todas las corporaciones sociales, fueron corrompiéndolos, a los médicos, a los abogados, los maestros, los comerciantes, pero a nivel económico coparon todas las instituciones de crédito, toda la cuestión de los gremios limoneros, el gremio minero y el gremio agrícola, que fueron los tres gremios fuertes aquí de la agroindustria (p.10).
“La empresa templaria” trabó relaciones comerciales donde la producción, distribución y venta de narcóticos fue sólo un rubro más (Hernández, 2014). El territorio perteneció de facto a un grupo distinto al Estado.
Mientras tanto, ante los levantamientos, el discurso oficial fue convenientemente cómplice. El comandante de la IX Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza declaró que autodefensas y policías comunitarias eran “grupos ilegales y están incurriendo en acciones delincuenciales” (citado en Flores, 2013), por lo que exhorta a no apoyarlos. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa indicó que la forma de solucionar el conflicto de inseguridad “no es con grupos violentos enfrentados con otros grupos violentos sino respetando la ley” (Vite, 2019, p. 334).
Este formato enfocado en la ilegalidad de los grupos armados sirvió para legitimar el uso de la violencia en el combate a las autodefensas, puesto que emergieron cuando las fuerzas institucionales demostraron su inoperabilidad. La ausencia de lazo entre el grupo armado y el Estado los retorna hacia la zona de ilegalismos donde no opera el derecho, por lo tanto la administración de la muerte puede resolverse sin mediación del ritual legista: expulsados del derecho humano, vuelven a ser sacrificables y todo atropello es permitido.
4. Necroempoderamiento reaccionario
“Para los sujetos endriagos del capitalismo gore ambos términos [ley y justicia] no son equiparables, dado que ley tiene sus códigos preestablecidos, los cuales no exoneran las prácticas criminales; sin embargo, dentro de la justicia, como concepto abstracto, se permite mayor maleabilidad” (Valencia, 2010, p. 78). La resistencia, o las violencias reaccionarias se pueden interpretar con base en la misma genealogía que el surgimiento del sujeto endriago (narcotraficante, sicario, etc.): el campesinado, sistemáticamente marginado de los nódulos capitalistas, en forma de acceso desigual a la tecnología, higiene, saneamiento, educación, seguridad y en el extremo, perdiendo sus territorios, aparece como clase sin muchas opciones para mantenerse en el circuito capital, por lo que colaborar con las mafias criminales es una elección dada por la necesidad, no por un juicio de valor o un cálculo “racionalista”. Viven en un contexto donde los estándares de deseabilidad y lo costos efectivos de alcanzarlos están separados por una brecha insalvable. El narcotráfico (y su brazo armado en sicariato) emergen en la forma del único modo para sobrevivir, que además opera en abierta oposición práctica al Estado -en formato de balaceras sostenidas contra la policía, la marina o el ejército-; es decir, aliarse con el narco cuenta, perversamente, como un modo de hacerse de justicia, obteniendo los recursos necesarios para el sostén de la vida. Inversamente, en la medida en que el narco rasga los tabúes alrededor de la vida pero habiendo explicitado las lógicas de acumulación necromercantil, las opciones de supervivencia para la población residual, desamparada incluso respecto de la “oposición” endriaga, es erigirse en su propia agencia heroica, violenta, en auto-defensa. Si planteamos “el delito” como el portar armas y otorgar la muerte de manera extrajudicial a sujetos que de algún modo han generado disrupción en la paz o la seguridad de la comunidad, la motivación para autodefenderse no es muy distinta en su origen. Sin embargo, la autodefensa no está emparentada con el modelo de gestión empresarial, y por lo tanto, no es una extensión del brazo capitalista o neoliberal, sino un efecto colateral del mismo.
En los primeros meses de 2013 se formaron 24 cuerpos en distintos municipios del estado. Estos grupos proliferaron en Guerrero “para asumir funciones de seguridad pública al desplazar a las autoridades gubernamentales” (Flores, 2013), tales como realizar retenes en carreteras federales importantes en la distribución de drogas. En esta misma actividad, un grupo encabezado por Leopoldo Soberanis, al amparo de la Marina, exigió a los automovilistas y pasajeros de autobuses mostrar identificaciones, con el fin de contrastarlas contra un listado de nombres que supuestamente indican militantes del grupo criminal Los Caballeros Templarios; en La Ruana un grupo de personas despojó de armas y vehículos a la policía para integrar su propio cuerpo de seguridad “ante su hartazgo ante las amenazas y extorsiones de los grupos criminales” (Fuentes y Paleta, 2015); en marzo del mismo año autodefensas retienen camiones de mercancías para exigir al gobierno presencia permanente de elementos de la marina y el ejército para “ayudar” a perseguir criminales por los cerros y montes donde se refugiaban (Guerra, 2015). Ejemplos todos que testimonian una doble ausencia del Estado: no garantiza seguridad al no impartir justicia penal y tampoco tiene políticas económicas o sociales para la región (Vite, 2019).
El Estado reconoce a 16 comunidades indígenas en Michoacán, pero según el dirigente de la nación purépecha, son 25 (Guerra, 2015). Partiendo del no-reconocimiento en tanto comunidad por parte del ejecutivo federal, garantes como amparar la organización por usos y servicios o responder a demandas presupuestales aparecen distantes (en el mejor de los casos) dentro del horizonte político. En tales condiciones, cuando “se cuestiona y supera la legitimidad y el funcionamiento de la institucionalidad estatal para la preservación de la vida” (Fuentes y Paleta, 2015, p. 184), la alterativa es ejercer esas funciones mediante la propia organización. Y al mismo tiempo, se destituye materialmente la necesidad con que el Estado justicia su propia existencia.
Llegado este punto es importante marcar una distinción entre dos formas de organización que suelen tomar los grupos autónomos: las autodefensas no tienen mando único ni erigen su organización sobre estructuras de identidad étnica, se apoyan en liderazgo carismático y en influencias locales, defienden la propiedad privada. La policía comunitaria, por su parte tiene orígenes étnicos, adscribe un mando único comunal, regula los procesos de detención y juicio mediante usos y costumbres amparadas por el artículo 2 constitucional. La noción del enemigo es intrínsecamente exterior a la comunidad. (Fuentes-Diaz, 2015; Fuentes y Paleta, 2015).
Los objetivos del grupo de autodefensas levantado en Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) era tres: 1) recuperar propiedades que mediante extorsiones habían sido expropiadas por el grupo criminal, 2) lograr justicia por los abusos (secuestros, violaciones, asesinatos) que dicho grupo cometió y 3) establecer la paz. Una vez operado el levantamiento, la organización ocurrió con base en los recursos materiales y humanos disponibles en la comunidad: comerciantes de comida cediendo su producto, personas aportando víveres, otros usando camiones de arena y costales como barricada. (Guerra, 2018).
Ahora bien, recordemos que el grupo criminal Los Caballeros Templarios contaba con vínculos a través de todo el retículo social, y con estrategias de lucha trascendentes a la violencia física: controlaban medios de comunicación, podía hacer circular discurso, fabricar herramientas de lucha ideológica para coordinar la acción material, incluso cooptar los mensajes enunciado por las autodefensas. Un levantamiento sin discurso es ininteligible, la articulación verbal es condición necesaria para acceder al escalafón de las justificaciones, bellas, pues, como anota Zizek (2007):
Aunque el sentido sea el efecto impasible y estéril de causas materiales, tiene una autonomía y una eficacia propia. Sí, el flujo de sentidos es un teatro de sombras, pero esto no significa que podamos rechazarlo para centramos en la «lucha real»: de algún modo, este teatro de sombras es el lugar crucial de la lucha; en última instancia, todo se decide allí (p. 184).
Los criminales iniciaron una campaña mediática para desprestigiar a las autodefensas: emplearon mantas en las que argumentaban que los grupos levantados estaban siguiendo órdenes del cartel Jalisco Nueva Generación. (Guerra, 2015; Fuentes-Diaz, 2015; Vite, 2019). El campo del discurso también forma parte de los enfrentamientos: ganar a la opinión pública, establecer la lectura de la realidad. Se comprende la relevancia de seleccionar líderes carismáticos y de posicionar a personas con ciertas competencias cognitivas -Hipólito Mora, José Mireles (Guerra, 2018)- en la luz pública: estos sujetos cuentan con las herramientas de lucha de clase para interpelar a masas amplias, pueden hacer aparecer la justificación ética de las acciones “violentas”, reivindicando para sí el terreno de lo humano, son los sujetos en cuya virtualidad discursiva yace la metamorfosis hacia el monstruo primero, y luego hacia lo bello.
La narrativa de José Mireles apareció desde un principio en redes sociales, expresando que su levantamiento estuvo motivado por las prácticas de extorsión de los Caballeros Templarios. Tras su destitución como vocero, se planteó como luchador social incluso en el plano de un proyecto totalizante y utópico: crear una convención nacional con los objetivos de garantizar seguridad pública e impartición de justicia. (Vite, 2019).
Por otro lado la narrativa de Estanislao Beltrán consistió en consignar a los criminales a las autoridades, una postura pragmática en clara apertura a la colaboración con el Estado. Apoyó la regularización de la autodefensa en un cuerpo de policía rural, el empadronamiento y la declaración del tipo de armas con que contaban, argumentó la legalidad para evitar la cárcel. (Vite, 2019).
Consideramos importante mencionar también a otro personaje: el padre Goyo, quien brindó apoyo a los autodefensas en recuperar Apatzingán, municipio base de operación para los Caballeros Templarios, y también creó algunas herramientas de lucha de clase en el plano de lo monstruoso: el grito “¡Viva Cristo Rey!” y el Consejo Ciudadano Responsable de Impulsar el Sano Tejido Social (CCRISTOS) (Guerra, 2015), movilizando recursos ideológicos accesibles para la población: negociar la muerte a través de un discurso que asemeja el de la fe, pero que busca tener efectos en las condiciones materiales de la vida. Cuando Mora ingresó a Apatzingán el 8 de febrero de 2015, Goyo se encargó del recibimiento y ofició un “rosario por la paz”.
Otros mundos posibles
La experiencia de las autodefensas ha dejado algunas pistas sobre cómo o hacia dónde construir otros mundos posibles. En primer lugar, la organización encabezada por Mireles realizó una secuencia de acciones performativas cada vez que ocupaba un municipio: ingresar en camioneta con hombres armados, formar un mitin en la plaza central, donde se invitaba a los pobladores a organizarse como autodefensa en contra de los Caballero Templarios, desarmar a los policías locales y acusarles de alianza con el cartel (Vite, 2019). Además de las actividades de repartición de bienes expropiados por el grupo criminal, estableció un sistema de vigilancia o patrullaje a cargo de la autodefensa y susceptible de escrutinio popular. Este cuerpo también se hizo cargo de perdonar a ex-sicarios arrepentidos o bien fusilar a quienes se demostrara aliado con el narco. Mostraron cierto grado de solidificación burocrática en la ejecución de funciones estatales. El establecimiento de rituales para ordenar las acciones parece no ser una labor complicada cuya profanación a cargo de las autodefensas michoacanas devela tanto la debilidad como la posible falta de necesidad del Estado.
En Tepalcatepec, se estableció el Consejo Ciudadano como órgano garante de que el levantamiento fuera legítimo por consenso y de vincular a la mayor parte de pobladores, asegurando su participación. Funcionó igualando jurídicamente la opinión de todos los involucrados. Los veredictos dictados por esta instancia fueron inapelables (Guerra, 2018).
En 2013 la policía comunitaria de Cherán, organizada por mujeres, disolvió el cuerpo de Policía ministerial al encontrar que estaba coludido con grupos criminales, tras lo cual pobladores locales asumieron las funciones de seguridad en dos cuerpos: uno de seguridad civil y patrullaje, otro de guardabosques para los montes comunales. Ambos responden a la Gran Asamblea de la Comunidad, instancia de gobierno reconocida legalmente e independiente a los partidos políticos (Fuentes y Paleta, 2015).
En Cherato se formó un grupo de autodefensa cuya primera acción consistió en establecer retenes en la carretera que permite el acceso a las comunidades y por donde se transportan los cultivos de aguacate. Un miembro menciona que, de no haberse organizado como policía comunitaria, la atención del Estado a sus rezagos -pozo de agua potable, antena de telecomunicaciones, hospital, escuela secundaria, comedores comunales, todo resultado del Plan Michoacán- no habría llegado (Fuentes y Paleta, 2015). Gesto que marca la línea de tránsito entre el proyecto necropolítico y la gestión biopolítica. Es llamativo que, tras acciones de necroempoderamiento, monstruosas pero suficientemente bien articuladas para ser captadas por el lenguaje del derecho, la atención estatal llegue. Táctica de retornar a la formas sedentarias y burocráticas una vez que las máquinas nómadas empiezan a demostrar las múltiples grietas que tiene el, por demás innecesario, edificio de la democracia liberal.
Gestiones biopolíticas
Precisamente tras lapsos prolongados de eliminación necropolítica, los estados han optado por ciertos manejos en el orden de la administración o gobierno de los vivos.
La Organización del Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, en diciembre del 2013, obtuvo reconocimiento por parte del Ejecutivo para coordinar acciones entre el ejército y las Autodefensas, para combatir contra los Caballeros Templarios. Para enero del 2014 ya había un plan de regularizarlas como policía rural, que no se logró y a consecuencia de la cual el responsable fue destituido (Vite, 2019). Intento por integrar la maquinaria nómada dentro del territorio y la lógica Estatal, aplicar el derecho una vez que los cuerpos armados demostraron efectividad operativa dentro del espacio indiferenciado de ilegalismos. Más que una operación de securitización, es una maniobra de captura de flujos: demostrado que la policía no es necesaria, hace falta eliminar el ejemplo de otros estados posibles, cancelar la virtualidad.
La bolsa de dinero anunciada en febrero del 2014 fue una estrategia estatal para desmovilizar a las autodefensas y recuperar el monopolio de la violencia. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán como órgano encargado de esto al administrar acciones y presupuestos para pacificar la zona, atacar al crimen y regularizar la situación legal de las autodefensas. “Una de las razones por las que el gobierno federal tenía prisa en institucionalizar a las ADM era para evitar justamente su emulación en otras partes de la entidad. Habían mostrado un camino que podría hacer aún más ingobernable a otros municipios.” (Guerra, 2015, p.8). El gobierno negoció con los dirigentes pragmáticos, dispuestos a integrarse legalmente a los cuerpos policiales, mientras que minó sistemáticamente la influencia de los más radicales, llegando a encarcelar a quienes pretendían seguir la lucha armada para liberar al estado y a todo el país del crimen (Guerra, 2018).
El mayor riesgo de encarnar una necrosoberanía es vivir en un Estado donde el pueblo mata al pueblo. Incluso desactivando al cártel o matando a sicarios se está gestando una eliminación del pueblo con p minúscula. Sí, son empresarios de la muerte pero ¿durante cuánto tiempo? El lapso de vida laboral ronda alrededor de los 5 años (González, 2017) y el retiro carece de los beneficios en la empresa legal -prestaciones, pensión, seguro médico-, la salida es en un ataúd. Tomar armas es matar población igual de necesitada o vulnerada.
Si “el fracaso aparente de las instituciones es, la mayoría de las veces, su función real. Si la escuela genera repudio a aprender a los niños no es de manera fortuita: ocurre que unos niños que tuvieran el gusto de aprender la volverían casi inútil” (Comité Invisible, 2017), entonces la policía que disuadiera a los delincuentes de delinquir anularía la razón de su propia existencia, se volvería innecesaria, de allí que el fracaso aparente de esta instancia sea su verdadera función: administrar la circulación de violencia ilegítima en grados atómicos que vuelvan controlable/administrable al pueblo.
Una de las formaciones reactivas citadinas son las organizaciones vecinales que toman armas para detener y castigar los cuerpos de los criminales: linchamientos, difusión en grupos de Facebook, portadas de “Alarma”. Estos grupos se comunican vía WhatsApp para reportar si hay actividad criminal en la colonia, generando sus propios códigos, como usar silbatos para avisar cuando está sucediendo un evento y así llamar a quienes estén en disposición de salir con armas (recordemos, toda herramienta esgrimida con suficiente fuerza es un arma) para ajusticiar al criminal. No se pretende desarmar e inmovilizar al criminal, para luego entregarlo de manera pacífica a las autoridades y asegurar que el castigo legal se ejerza sobre éste. Lo que ocurre es apropiarse de la violencia, actuar como policía: golpear, humillar, orinar, fotografiarlo y exhibirlo en las plataformas.
Estos colectivos no pretenden ser reconocidos como fuerza pública, no forman parte de un proyecto social organizado ni tienen un discurso homogéneo (aunque haya regularidades), entonces no salen de la categoría de los ilegalismos endrigos. Su toma de soberanía no solamente no es una respuesta sistémica al proyecto fallido, sino que es el cumplimiento de los objetivos de un necro-proyecto: ahorra al Ejecutivo (porque ejecuta gente) la fuerza de seleccionar, castigar y disponer de los cuerpos que no están produciendo riqueza, también le ahorra esfuerzos de difusión y publicidad, pues los mismos autores de la defensa propia dan circulación a su discurso. Tomar funciones de estado sin establecer protocolos o rituales, es participar del mercado gore. Mientras no haya un discurso directamente anti-estatista, estas formaciones son subsidiarias necropolíticas el estado que laboran gratuitamente de acuerdo con una lógica de eliminación aporofóbica: el ejecutivo manda a la marina y ejército para demostrar su posición soberana de entregar la muerte, los narcoempresarios hacen lo mismo, las autodefensas radicales también, los comités vecinales le siguen. Ni siquiera hace falta la ficción de “La Purga” para exterminar la población de bajos recursos, en México nos exterminamos entre nosotros.
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